Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Como cada 25 de noviembre, hoy situamos en la agenda social y política el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha fijada por Naciones Unidas en 1999 para la concienciación y acción contra esta lacra inasumible. Desde el Ayuntamiento de Tarazona, volvemos, un año más, a expresar el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y a reafirmar nuestro compromiso de contribuir a erradicarlas.

Las estadísticas de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España, a manos de sus parejas o exparejas, siguen siendo muy alarmantes, con 1.331 mujeres asesinadas desde el año 2003, y, de ellas, 36 entre enero y noviembre de este año 2025, que han dejado huérfanos a 17 niños y niñas. Vidas arrebatadas y vidas marcadas para siempre.

Estas cifras no son cifras: son familias rotas, angustia, dolor, desesperanza. Una situación ante la que no podemos ni debemos resignarnos. Con motivo de la conmemoración de este día, queremos seguir haciendo visibles todas y cada una de las formas de violencia machista que tiñen de luto nuestra sociedad. En especial las que, de una manera más cruda, golpean la vida de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, las de aquellas que viven en pequeñas poblaciones, las mujeres del mundo rural. Un ámbito que plantea más dificultades de detección y abordaje de este tipo de violencia por tratarse de entornos que cuentan con menos recursos públicos de proximidad y en los que hay mayor presión social.

La violencia contra las mujeres reviste igualmente una especial gravedad cuando se trata de mujeres inmigrantes y mujeres con discapacidad. Las situaciones que sufren a diario las inmigrantes dificultan su acceso en los servicios de protección y hacen que su vulnerabilidad se extreme.

También las mujeres con discapacidad se enfrentan a obstáculos, tanto físicos como sociales, que hacen más complicado solicitar ayuda, formalizar denuncias y acceder a los servicios de protección y de asistencia. Se trata de situaciones reales que exigen de nosotros, los gestores públicos, reflexión y acción inmediata para poner a disposición de estas mujeres nuevos recursos de intervención especializada, y, también, ofrecerles un refuerzo de los existentes, haciéndolos más accesibles, con el objetivo último de que ninguna mujer quede desprotegida en ningún supuesto.

Nos enfrentamos además a nuevos retos como el de la violencia digital: el acoso a mujeres en redes sociales, la grabación o difusión de imágenes sin su consentimiento o los discursos de odio contra ellas aprovechan el anonimato que proporcionan estos canales y a menudo da cobijo a depredadores sexuales y maltratadores. Igualmente, debemos luchar contra el uso espurio de la inteligencia artificial para generar contenidos vejatorios y falsos que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres. Las administraciones públicas tenemos que mantenernos vigilantes, promover el buen uso de las nuevas herramientas digitales y endurecer la normativa en este ámbito.

La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero aprobada el pasado 26 de febrero, que incorpora medidas nuevas para los próximos cinco años, supone un gran avance, pero todavía resulta insuficiente si no se garantiza una financiación adecuada y que genere un flujo estable que permita su estabilización, buen funcionamiento e implantación real y efectiva.

Los gobiernos locales somos las administraciones más cercanas y desempeñamos un papel fundamental frente a esta lacra. Podemos y debemos seguir avanzando en la defensa de las mujeres en colegios, en espacios culturales y en lugares de ocio, y, a la vez, reforzar los puntos de atención a la mujer y contribuir a una mejor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito local. Debemos convertir nuestros pueblos y ciudades en barreras frente a la forma más cobarde de violencia, que es la del maltrato a las mujeres.

Asimismo, resulta inaplazable mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas. No caben errores cuando hay vidas en juego. A estas mujeres, que han tenido la valentía de denunciar a sus agresores y cuya situación de extrema vulnerabilidad no admite ningún fallo, les debemos el máximo nivel de protección. Cualquier defecto en las medidas de control, seguimiento y vigilancia de los maltratadores ha de tener una respuesta inmediata y efectiva en las administraciones responsables.